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Jueves, 16 de Enero de 2014 15:26

La Corte avala ley que permite a PGR ubicar celulares sin orden judicial

 

 

  • Ocho de los 11 ministros se declararon a favor de las reformas de 2012 al Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Telecom

 

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) - Por ocho votos contra tres, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves la llamada ley de geolocalización, que desde 2012 permite a la Procuraduría General de la República (PGR) ubicar teléfonos celulares relacionados con crímenes sin necesidad de tener la orden de un juez.

Los ministros que votaron a favor fueron Margarita Luna Ramos -responsable del proyecto de resolución-, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, presidente de la SCJN.

Para ellos, la ley es constitucional y representa una medida indispensable para que la PGR persiga delitos graves como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

Quienes votaron en contra fueron los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Sergio Valls, que consideran la ley violatoria de los derechos humanos.

Para ellos, la ley es inconstitucional porque, desde su punto de vista, viola el derecho humano a la privacidad. Ese argumento coincide con el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impugnó la medida ante el máximo tribunal.

La ley fue aprobada por el Congreso mexicano en 2012, cuando se reformaron el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones para permitir que la PGR, sin orden judicial, solicite a una compañía de telefonía ubicar en tiempo real un aparato si está vinculado a crímenes.

La PGR, sin embargo, no está facultada para intervenir las llamadas o los mensajes de un teléfono celular si un juez no lo autoriza previamente.

El debate en la SCJN ocurre en momentos en que el secuestro y la extorsión aumentan en México. Durante 2013, los secuestros denunciados crecieron en 32% respecto de 2012, mientras las extorsiones lo hicieron en 11%.

La incidencia de ambos delitos de alto impacto se elevó principalmente en estados como Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, una situación que algunos analistas vinculan con la operación de grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico.

 
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